Confianza en el Poder Judicial en Sudamérica: una crisis que alcanza a la mayoría de la población
La desconfianza judicial predomina en la región
La confianza ciudadana en el Poder Judicial constituye un componente fundamental para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Cuando una parte importante de la población considera que la justicia no es confiable, pueden deteriorarse la legitimidad institucional, la percepción de igualdad ante la ley y la disposición de ciudadanos y empresas a utilizar los mecanismos formales para resolver conflictos.
Los datos de Latinobarómetro correspondientes a 2024 muestran una situación preocupante. En promedio, 73,6% de la población de los países considerados manifiesta tener poca o ninguna confianza en el Poder Judicial.
Esto significa que prácticamente tres de cada cuatro personas expresan algún grado de desconfianza. Además, en seis de los nueve países presentados el porcentaje supera el 75%.
Las diferencias regionales son amplias: Uruguay registra 47,6%, mientras Bolivia alcanza 84,1%, una brecha de 36,5 puntos porcentuales.
Bolivia presenta la mayor desconfianza
Bolivia ocupa el extremo más desfavorable de la comparación: 84,1% de su población manifiesta poca o ninguna confianza en el Poder Judicial.
En términos prácticos, más de ocho de cada diez personas se encuentran dentro de las categorías de baja confianza consideradas por la encuesta.
El dato representa una señal institucional importante. La confianza en la justicia depende de múltiples factores: percepción de independencia judicial, duración de los procesos, acceso efectivo a la justicia, transparencia, imparcialidad y percepción ciudadana sobre corrupción, entre otros.
El indicador, sin embargo, mide percepciones de la población. No demuestra por sí mismo que un sistema judicial sea objetivamente más corrupto, lento o ineficiente que otro. Para realizar esa afirmación sería necesario complementar la encuesta con indicadores institucionales y administrativos.
Ecuador y Chile superan el 80%
Ecuador registra 81,9%, apenas por debajo de Bolivia, mientras Chile alcanza 81,8%.
La similitud entre ambos resultados resulta significativa: aproximadamente ocho de cada diez ciudadanos manifiestan poca o ninguna confianza en sus respectivos poderes judiciales.
En Ecuador, el resultado se encuentra 8,3 puntos porcentuales por encima del promedio presentado, lo que evidencia una percepción particularmente negativa.
Desde una perspectiva económica, la confianza en la justicia también importa. Las empresas necesitan instituciones capaces de hacer cumplir contratos, proteger derechos de propiedad y resolver controversias dentro de plazos razonables. Cuando existe una percepción generalizada de debilidad institucional, puede aumentar la incertidumbre asociada con las decisiones económicas.
Chile también presenta un resultado llamativo porque alcanza uno de los niveles más elevados de desconfianza del grupo, pese a mostrar fortalezas relativas en otros indicadores institucionales y económicos regionales. Esto demuestra que el desempeño de un país puede diferir considerablemente según la institución analizada.
Perú también registra una desconfianza muy elevada
Perú alcanza 80,3%, convirtiéndose en el cuarto país donde más de ocho de cada diez personas expresan poca o ninguna confianza.
Bolivia, Ecuador, Chile y Perú conforman así el bloque con los resultados más críticos del gráfico.
El hecho de que países con estructuras económicas y políticas diferentes presenten niveles similares indica que la baja confianza judicial no puede atribuirse a una única causa regional.
Cada país requiere un análisis específico para identificar qué factores explican la percepción ciudadana. Reformas judiciales, estabilidad institucional, casos de corrupción de alta exposición pública, acceso a la justicia y experiencias individuales pueden influir sobre la evaluación que realizan los ciudadanos.
Argentina y Colombia se encuentran cerca del promedio
Argentina registra 75,6% y Colombia 75,5%, prácticamente el mismo resultado.
Ambos países se encuentran ligeramente por encima del promedio de 73,6%.
Aunque sus cifras son inferiores a las observadas en Bolivia, Ecuador, Chile y Perú, continúan reflejando una situación compleja: alrededor de tres cuartas partes de la población manifiestan baja o ninguna confianza en el Poder Judicial.
Esto demuestra que el problema no se limita a los países ubicados al final del ranking. Incluso alrededor del promedio regional, la desconfianza constituye claramente la posición predominante entre los ciudadanos.
Paraguay y Brasil muestran mejores resultados relativos
Paraguay registra 69,7%, mientras Brasil alcanza 61,2%.
Ambos se encuentran por debajo del promedio presentado. Sin embargo, es importante utilizar correctamente el concepto de “mejor desempeño”: un porcentaje inferior significa menor proporción de ciudadanos con poca o ninguna confianza, pero no necesariamente que exista una confianza mayoritaria.
En Brasil, por ejemplo, seis de cada diez personas todavía manifiestan baja confianza en la justicia.
Por ello, encontrarse en una posición favorable dentro del ranking regional no implica necesariamente que la situación institucional pueda considerarse satisfactoria.
Uruguay constituye una clara excepción regional
Uruguay presenta el resultado más favorable, con 47,6%.
Es el único país del gráfico donde la proporción de personas con poca o ninguna confianza se encuentra por debajo del 50%. Además, se sitúa 26 puntos porcentuales por debajo del promedio presentado y 36,5 puntos por debajo de Bolivia.
La diferencia es suficientemente amplia como para convertir a Uruguay en un caso especialmente relevante para el análisis comparativo regional.
Sin embargo, tampoco sería correcto interpretar automáticamente que el 52,4% restante “confía” en el Poder Judicial. Dependiendo de las categorías utilizadas por Latinobarómetro, pueden existir respuestas intermedias que deben respetarse. El gráfico únicamente permite afirmar que 47,6% declara poca o ninguna confianza.
La desconfianza judicial también tiene consecuencias económicas
La calidad de la justicia no constituye solamente un asunto político o jurídico. Tiene implicaciones sobre el funcionamiento de la economía.
Empresas e inversionistas valoran la previsibilidad de las reglas, la protección de contratos y la posibilidad de resolver controversias de manera independiente y eficiente.
Cuando la confianza institucional es baja, puede aumentar la percepción de riesgo y los agentes económicos pueden recurrir a mecanismos alternativos para proteger sus operaciones.
No obstante, debe evitarse establecer una causalidad directa únicamente a partir de esta encuesta. La confianza judicial es uno entre muchos factores que influyen en inversión y competitividad.
Una señal institucional que Sudamérica no debería ignorar
La principal conclusión del gráfico es contundente: la desconfianza hacia el Poder Judicial es mayoritaria en casi toda la muestra sudamericana.
Bolivia, Ecuador, Chile y Perú presentan los niveles más elevados, todos superiores al 80%. Argentina y Colombia se encuentran alrededor del 75%; Paraguay y Brasil muestran resultados relativamente mejores, mientras Uruguay se distancia claramente del resto.
El promedio de 73,6% con poca o ninguna confianza revela que el problema trasciende casos nacionales aislados.
Recuperar confianza requiere más que reformas legales. Implica mejorar la independencia y transparencia judicial, reducir tiempos procesales, garantizar acceso efectivo y demostrar capacidad para aplicar las normas de manera consistente.
En definitiva, una justicia en la que la ciudadanía confía no solo fortalece la democracia: también aporta previsibilidad y seguridad institucional para el desarrollo económico y social.
