Sobre este reporte:
El sistema de justicia penal en Perú enfrenta serios desafíos estructurales que limitan su eficacia y credibilidad. Entre 2018 y 2024, el país registró puntajes bajos en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, fluctuando entre 32 y 36 sobre 100, ubicándose en posiciones rezagadas a nivel global. Aunque en 2024 alcanzó un mejor puesto de 142 países, esta mejora obedece más a variaciones relativas que a cambios profundos en la calidad del sistema.
El sistema de investigación criminal presenta limitaciones en recursos, coordinación y confianza ciudadana, afectado por denuncias de corrupción e ineficiencia. El sistema correccional padece una crisis de hacinamiento, condiciones precarias y programas de rehabilitación insuficientes, lo que incrementa la reincidencia. En cuanto a la imparcialidad del sistema penal, persisten prácticas discriminatorias y una percepción debilitada de independencia judicial, agravada por escándalos de corrupción.
Los desafíos hacia 2026–2030 incluyen: fortalecer capacidades policiales y fiscales, impulsar una reforma penitenciaria orientada a la reinserción, garantizar independencia judicial y transparencia, y fomentar la participación ciudadana. Superar estas debilidades es crucial para consolidar el Estado de derecho, mejorar la seguridad pública y recuperar la confianza de la población en la justicia peruana.
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